La ley de la miseria: cuando el Estado castiga lo que el capitalismo produce

El pasado 12 de febrero de 2026, el Gobierno socialista aprobó una ley impulsada por Junts, la
Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, que modifica la Ley Orgánica
10/1995 del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el apoyo del PP, Vox, Junts
y el PNV.

Esta ley no es una anomalía: es la lógica natural del Estado. Cuando el capitalismo genera
miseria y exclusión, el Estado responde con más control, más cárcel, más represión. No importa
el color del gobierno; la función del poder es siempre la misma: proteger el orden establecido y
disciplinar a quienes quedan fuera de él.

Estas medidas criminalizan la pobreza estructural. La mayoría de los multirreincidentes en
delitos de hurto y estafas leves o robo de móviles son personas arrojadas a los márgenes por un
sistema que primero las despoja y luego las persigue. A esto se suman las órdenes de alejamiento
territorial, que prohíben a los multirreincidentes acceder a barrios, calles o espacios donde actúan
habitualmente, convirtiendo la pobreza en una condena geográfica.

Al acumular tres o más delitos de esta índole, con sentencia firme, pueden cumplir condenas de
uno a tres años. Esta medida pretende disuadir mediante la amenaza de condenas hechos que
antes suponían sanciones administrativas, al tratarse de delitos menores de 400€. Se criminaliza
la supervivencia.

Todas estas personas pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad: personas en
situación de exclusión social, con adicciones, sin hogar o en contextos de pobreza severa. El
Estado no las ha fallado por descuido; las ha fallado por diseño. Y ahora las castiga por las
consecuencias de ese mismo diseño.

Endurecer las penas sin abordar las causas de fondo no es un error de enfoque: es una respuesta
deliberadamente punitiva a un problema que el propio sistema genera y necesita perpetuar. No se
busca resolver la reincidencia, sino gestionar y contener a la población que el capitalismo hace
prescindible.

Las penas generan desvinculación laboral, ruptura familiar y estigmatización, aumentando el
riesgo de reincidencia. La cárcel no rehabilita porque no está diseñada para eso. Está diseñada
para romper voluntades.

Cuando una persona reincide, es porque el sistema ha fallado. Pero la respuesta anarquista no es
pedir un sistema que funcione mejor, sino reconocer que ningún sistema punitivo puede sustituir
a las redes de cuidado, apoyo mutuo y comunitario que el Estado destruye o copta. La respuesta
no es más cárcel, sino facilitar las herramientas colectivas para una vida plena y en libertad.

La sanidad penitenciaria y su personal médico dentro de la cárcel no son un servicio: son parte
del engranaje de control. No solo es tortura que te golpeen el cuerpo; lo psicológico no es tan
tangible, pero destruye igual. La literatura científica documenta que a partir de los primeros años
de condena comienzan a aparecer secuelas psicológicas —insomnio, depresión, ansiedad— y que cuanto más larga es la condena, mayor es el riesgo de que esas secuelas sean irreversibles:
agorafobia, paranoia, depresión crónica y otras patologías psiquiátricas graves.

La cárcel no reinserta. Deshumaniza, despersonaliza y fabrica seres sumisos ante la autoridad. Su
función real no es devolver personas a la sociedad, sino demostrar el coste de desafiar el orden.
Frente a eso, la respuesta no puede venir de reformar las instituciones que nos oprimen, sino de
construir, desde abajo y entre todas, las estructuras de vida digna que hagan innecesaria
cualquier forma de dominación.

¡Abajo los muros de las prisiones!